Multa de 30.000 € y un año de prisión a un camionero polaco por un sofisticado fraude al tacógrafo
El conductor polaco había utilizado una llave USB conectada a su tablero para borrar sus tiempos de conducción reales.
Es una técnica sin precedentes. La prefectura de Bretaña anunció el miércoles que había descubierto en septiembre un nuevo sistema de fraude en el camión de una carretera polaca, durante un cheque de Moréhan en Morbihan, según Le Télégramme .
El fraude se realizó con una pequeña llave USB conectada a un puerto oculto en el tablero de instrumentos del camión. Esto le permitió ocultar sus tiempos de conducción reales y, por lo tanto, no respetar el tiempo de conducción máximo impuesto por las regulaciones sociales europeas.
«Este dispositivo pirata alcanza un nivel de elaboración que hasta ese momento nunca se conoció», señaló la prefectura regional en un comunicado . «En la imagen de este sistema, las manipulaciones fraudulentas son cada vez más complejas y requieren una gran experiencia técnica de los servicios de control», agrega el comunicado de prensa de la prefectura.
Multa de 30.000 € y hasta un año de prisión.
«Algunos transportistas buscan evadir las regulaciones sociales europeas (tiempo de conducción máximo, período de descanso mínimo para cumplir) y el Código de Carreteras (límites de velocidad)», lamenta la prefectura de Rennes. «Intervienen en la operación del dispositivo de control creando una competencia desleal entre las empresas de transporte, sin tener en cuenta la seguridad vial. «
La modificación del dispositivo es una «ofensa criminal punible con una multa de 30,000 € y encarcelamiento por hasta un año», dice la declaración. Para levantar la inmovilización del vehículo, el transportista también tendrá que pagar 4.500 €. Además, «deberá pagar los costes de restablecimiento del dispositivo que ascienden a más de 3 000 €».
En Bretaña, el 20% de los vehículos revisados en 2017 estaban en violación, recuerda la prefectura. El 20% de estos delitos fueron considerados graves. Más de una de cada dos ofensas (54%) involucró el incumplimiento de las regulaciones sociales europeas.
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